En Cuba hay 1.054 presos políticos, de los cuales 794 son personas arrestadas durante las protestas del 11 de julio último, según denuncia la entidad internacional Prisoners Defenders.
Señala que tiene verificados a 932 presos políticos condenados, pero ha advertido de que esta cifra «no es más que una fracción, entre el 50 y el 60 por ciento de las cifras reales», cuya verificación total es «simplemente inalcanzable por organización alguna». Al menos 120 mujeres son presas políticas de Cuba.
794 DEBIDO A LAS PROTESTAS
De estos 932, Prisoners Defenders ha constatado que 794 son presos de las protestas del 11J. Decenas de detenidos han sido liberados en los últimos meses, pero con unas multas «de cuantías exacerbadas para Cuba», ha informado.
De los presos derivados de la represión de las protestas, Prisoners Defenders ha indicado que al menos 32 son niños –28 varones y cuatro niñas–. De 13 años hay uno; de 15, tres; de 16 años, nueve; y de 17 años, veintiuno.
Además, el 50 por ciento, 16 niños y niñas, han sido acusados de sedición. Prisoners Defenders ha denunciado que entre ellos hay niños con «impedimentos y retrasos mentales incompatibles con la violencia y mucho menos con la sedición».
«Cuba está haciendo añicos su firma y ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, encarcelando y destrozando a la juventud, llevando el terror a las familias de todo el país y causando, de forma salvaje, un dolor irreparable en todos los encarcelados y en sus familias y allegados», ha lamentado Prisoners Defenders.
En total, 166 prisioneros políticos verificados han sido procesados con el cargo de sedición y al menos 511 prisioneros ya han sido sentenciados. De ellos, 194 con penas de más de diez años, el 38 por ciento.
La organización ha reconocido, como cada mes, a los otros 11.000 civiles jóvenes no pertenecientes a organizaciones opositoras, 8.400 de ellos convictos y 2.538 condenados, con penas medias de dos años y diez meses de cárcel, mediante condenas «pre-delictivas», es decir, sin delito alguno cometido –como indica textualmente el Código Penal en su artículo 76.1 para estas 11.000–, al contemplar el Código Penal que serían personas proclives a cometer delitos en el futuro «por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista». Así, les imponen penas de entre uno y cuatro años de prisión sin delito investigado ni cometido.
«LIMITAR LO ILIMITABLE»
Prisoners Defenders se ha declarado «sorprendida» al leer un comunicado emitido por el Gobierno de Cuba, donde indica menos casos que los hechos públicos por las ONG, un total de 790 personas «instruidas de cargo por actos vandálicos».
«La Fiscalía, una entidad jurídica y técnica en cualquier país democrático y cuyo hipotético buen desempeño se basa en la precisión, ha emitido un comunicado político, repleto de faltas de precisión y términos ambiguos, en el intento de tratar de limitar lo ilimitable», ha criticado la organización.
Prisoners Defenders ha sostenido desde el inicio de esta ‘razzia’ que más de 5.000 personas fueron detenidas y más de 1.500 procesadas. «Además de nuestras fuentes y estudios, los datos, los hechos y la Fiscalía misma contribuyen a hacer cada vez más palpable esta aseveración», ha indicado.
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