Hasta el momento, ninguno de esos exfuncionarios ha sido arrestado ni molestado por el Ministerio Público.
Conforme el expediente de denominado caso Pulpo, Gonzalo Castillo suscribió al menos dos contratos con vicios de legalidad con la empresa General Supply Corporation S.R.L., vinculada a Alexis Medina, para suministro de cemento asfáltico (AC-30).
Alega que esa empresa no tenía ninguna experiencia en el manejo de dicho derivado del petróleo ni contaba con la estructura ni las licencias para el manejo y comercialización de AC-30.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) establece en el documento que ese contrato surgió luego de que el expelotero Sammy Sosa, que tenía interés de entrar al negocio del AC-30, buscó la influencia de Alexis Medina porque tenía dificultades para obtener puerto.
Dijo que Sosa logró su cometido gracias al tráfico de influencias que ejerció Medina con el exdirector de la Autoridad Portuaria Dominicana, Víctor Gómez Casanova.
Explica que después, Alexis se reunió con Castillo y Sosa, a los fines de obtener el contrato que le permitiera vender al Estado dominicano cemento asfáltico (AC-30), a través del Ministerio de Obras Pública.
Explica que la intención original de Sammy Sosa era adquirir los contratos a través de otra empresa, pero no pudo lograrlo porque no contaba con la certificación de proveedor del Estado, por lo que debió asociarse con General Supply Corporation S.R.L
La Pepca indica que Castillo y Pepín, en violación a la ley, beneficiaron a la empresa de Alexis Medina con la exoneración de todo el AC-30 importado y facturado al Estado dominicano, sin la autorización del Congreso.
Agrega que una auditoría de la Cámara de Cuentas recoge que en varias declaraciones aduanales se presentan la autorización de exoneración emitida por por el entonces ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
“La exoneración con la que fue beneficiada la empresa General Supply Corporation S.R.L., no se refleja en el precio de venta al Estado dominicano. La intención real de la exoneración era beneficiar a General Supply Corporation S.R.L., en perjuicio del Estado dominicano”, precisa la Pepca.
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