El
gobierno tomó anoche una serie de medidas para garantizar el control y evitar
el tráfico de parturientas en el país y para enfrentar la migración
irregular.
Las medidas incluyen un plazo a
los contratantes y particulares que contratan la mano de obra, violando las
leyes migratorias y de trabajo de la República Dominicana, los cuales enfrentarán
sanciones drásticas si las incumplen.
Para lograr esa meta, el gobierno
otorgó un plazo de tres meses a los empresarios y personas en particular que
tienen contratadas a personas extranjeras de forma irregular, para que regularicen
sus estatus durante ese período, porque de lo contrario serán sancionados con
multas que van de cinco a 30 salarios mínimos.
Así lo determinó a unanimidad
anoche el Consejo de Migración de la República Dominicana, en una reunión que
encabezó el presidente Luis Abinader en el Salón Los Trinitarios del Palacio
Nacional.
La información la dio a conocer
el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez “Chú”, quien explicó que una
vez vencido el plazo establecido, todas las empresas o empleadores que
requieran los servicios laborales de extranjeros, deberán contratarlos de
conformidad con los parámetros legales establecidos en la norma migratoria y
laboral de la República Dominicana, explicó, debiendo cumplir para ello con
el procedimiento y los requisitos establecidos en la Ley 285-04, su Reglamento
de aplicación 631-11, así como las legislaciones y normativas laborales
aplicables.
“Este Ministerio de Interior y
Policía coordinará con el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General
de Trabajo, la vigilancia y cumplimiento de los artículos 135 al 140 del
Código de Trabajo de la República Dominicana, que establecen la
proporcionalidad de trabajadores extranjeros contratados por una empresa o
empleador”, dijo.
Advirtió que el Estado dominicano
tomará todas las medidas que sean necesarias, en cumplimiento de la Ley, para
evitar el ingreso al país de todo ciudadano de nacionalidad extranjera que
implique una carga irrazonable para las finanzas públicas, incluyendo mujeres
que se encuentren en estado de comprobada gestación igual o posterior a los
seis meses.
“La regulación y control del
movimiento de personas que entran y salen del territorio de la República
Dominicana es un derecho inalienable del Estado dominicano, pero por muchos
años el ejercicio de este derecho ha sido parcial o nulo, afectando los intereses
nacionales y lesionando nuestra soberanía”, destacó el funcionario.
Manifestó que la presente
administración tiene una posición clara y firme sobre la mejor manera de
manejar este problema persistente y la única solución posible es el cumplimiento
del ordenamiento jurídico nacional en materia migratoria. “El Ministerio de
Interior y Policía tiene la misión de velar por el cumplimiento de la Ley
General de Migración y aplicar la política migratoria del Estado dominicano
como organismo que preside el Consejo Nacional de Migración”, dijo.
EN
PUNTOS
Haitianos.
Según archivos históricos, la migración haitiana inició durante la ocupación
norteamericana de 1916, cuando los militares estadounidenses tomaron el control
de la economía dominicana.
Sin
control.
Una de sus iniciativas fue la importación de braceros para cultivar caña para
la industria azucarera, pero hoy esa migración se ha salido de control.
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