|
La Casa Blanca
16 de septiembre de 2020
Memorando para el
Secretario de Estado
ASUNTO: Determinación
presidencial sobre países principales de tránsito de drogas o países
principales de producción ilícita de drogas para el año fiscal 2021
Por la potestad que me
ha sido conferida como Presidente por la Constitución y las leyes de
Estados Unidos de América, incluido el artículo 706(1) de la Ley de
Autorización de Relaciones Extranjeras (Foreign Relations Authorization Act)
del Año Fiscal 2003 (Ley Pública 107-228) (FRAA), identifico por este
medio a los países siguientes como países principales de tránsito de drogas
o países principales de producción ilícita de drogas: Afganistán,
Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México,
Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.
La presencia de un país
en la lista precedente no constituye necesariamente un reflejo de los
esfuerzos que realizan sus gobiernos contra el narcotráfico, ni del nivel
de cooperación con Estados Unidos. En consonancia con la definición legal
de país principal de tránsito de drogas o país principal de producción
ilícita de drogas que se establece en el artículo 481(e)(2) y (5) de la Ley
de Asistencia Exterior (Foreign Assistance Act) de 1961, con sus
posteriores reformas (Ley Pública 87-195) (FAA), el motivo por el cual se
incluye a los países en la lista es una combinación de factores
geográficos, comerciales y económicos que permiten que haya tránsito o
producción de drogas, incluso si un gobierno ha implementado medidas
rigurosas y diligentes de control de narcóticos.
Las drogas ilícitas
causan un inmenso perjuicio para la salud y la seguridad del pueblo
estadounidense y amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos. Si bien
mi gobierno ha conseguido avances constantes en detener la marea de la
epidemia de estupefacientes que asola a nuestro país, las organizaciones
delictivas transnacionales atentan continuamente contra nuestros logros al
violar nuestras fronteras e inundar nuestro territorio con estas sustancias
letales.
Estados Unidos está
llevando a una escala sin precedentes la lucha contra estas organizaciones
delictivas y quienes las facilitan. En abril, puse en marcha las
operaciones más significativas que tuvieron lugar en décadas contra el
tráfico ilegal de estupefacientes en el Caribe y el Pacífico Oriental, al
desplegar elementos militares estadounidenses al Comando Sur de Estados
Unidos, en cooperación con 22 aliados internacionales. Estas operaciones
permitieron la confiscación de más de 80 toneladas métricas de cocaína y
otras peligrosas drogas y privaron a organizaciones delictivas
transnacionales de obtener ganancias superiores a US$ 1.800 millones.
Asimismo, esto transmitió una señal a los cabecillas del narcotráfico de
que están completamente en la mira de Estados Unidos.
El cabecilla del
narcotráfico más implicado en este Hemisferio es el dictador venezolano
Nicolás Maduro. En marzo, un tribunal estadounidense procesó a Maduro
por narcoterrorismo y conspiración para el contrabando de cocaína hacia
Estados Unidos. En respuesta, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció
una recompensa de US$ 15 millones a cambio de información que conduzca a su
detención o condena. Maduro se sumó así a los numerosos cómplices del
régimen que ya han sido procesados en EE.UU. o que fueron alcanzados por
sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro en relación con delitos
de tráfico de drogas. Estados Unidos seguirá apoyando al pueblo venezolano,
al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional
democráticamente electa, y trabajará junto al legítimo Gobierno Interino de
Venezuela para detener el narcotráfico y acabar con los actores delictivos
que se han aprovechado de ese país. El narcorrégimen ilegítimo de Maduro
debe responder ante la justicia por sus delitos.
Aunque llevar ante la
justicia a delincuentes como Maduro sigue siendo una prioridad urgente,
Estados Unidos también necesita que otros gobiernos en el Hemisferio
Occidental asuman una mayor responsabilidad en la reducción del
abastecimiento de drogas ilegales.
En Colombia, el
presidente Iván Duque y su gobierno siguen siendo firmes aliados de Estados
Unidos, y las fuerzas policiales y militares colombianas han demostrado una
inmensa valentía y compromiso al actuar contra narcotraficantes de alto
nivel, interceptar cargamentos de estupefacientes y erradicar manualmente
el cultivo de coca. No obstante, el cultivo de coca y la producción de
cocaína se mantiene a niveles inaceptablemente altos. Para alcanzar nuestro
objetivo común a 5 años de reducir a la mitad el cultivo de coca y la
producción de cocaína a fines de 2023, Colombia debe retomar la
erradicación aérea, que sigue siendo una herramienta irreemplazable del
arsenal del gobierno, junto a la erradicación manual y el desarrollo
económico alternativo.
También es sumamente
preocupante que el cultivo de coca y la producción de cocaína sigan estando
próximos a niveles históricos en Perú, otro aliado de EE.UU. de larga data.
Perú es un valioso socio de Estados Unidos en materia de aplicación de la
ley y ha demostrado un compromiso continuo en el combate a todos los
aspectos del narcotráfico. Insto al gobierno peruano a reanudar las
operaciones de erradicación en las regiones del país con alta producción de
cocaína, incluido el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.
Desde la renuncia del
expresidente Evo Morales en noviembre de 2019, la cooperación entre EE.UU.
y Bolivia contra las redes de narcotráfico se ha intensificado con el
gobierno de transición en Bolivia. El gobierno de transición hizo
importantes esfuerzos en la interceptación de cargamentos de drogas y
reanudó la tramitación de pedidos de extradición de narcotraficantes
planteados por Estados Unidos. Sin embargo, el cultivo de coca sigue
superando los límites legales establecidos en las propias leyes internas de
Bolivia para usos medicinales y tradicionales, y el Estado boliviano ha
adoptado medidas insuficientes para preservar los mercados lícitos de coca
de la explotación con fines delictivos. Si el gobierno boliviano, incluida
la Asamblea Legislativa, adopta medidas suficientes de acá a un año para
remediar estas falencias, y sostiene los avances logrados en los últimos 10
meses con el gobierno de transición, consideraré la posibilidad de eliminar
el próximo año a Bolivia de la lista de países que se ha demostrado que no
cumplen con sus responsabilidades en materia de control de drogas.
El año pasado, advertí
que consideraría determinar que México había incumplido de manera
demostrable sus compromisos en cuanto a fiscalización de drogas, si no
incrementaba sus esfuerzos para erradicar el cultivo de adormidera,
interceptar drogas ilícitas antes de que crucen la frontera hacia Estados
Unidos, incrementar el procesamiento de narcotraficantes y confiscar sus
activos, y formular una estrategia integral para el control de drogas. Este
año, México aprobó reformas en materia de confiscación de activos, llevó a
cabo más extradiciones de peligrosos narcotraficantes a Estados Unidos,
consiguió avances significativos en el primer estudio de producción de
adormidera en 17 años y formuló una estrategia antinarcóticos. Si bien son
señales de avances, todavía es mucho más lo que se debe hacer.
México sigue siendo la
fuente principal de casi la totalidad de la heroína y las metanfetaminas
que se confiscan en Estados Unidos, y una vía de tránsito para gran parte
de la cocaína disponible en nuestro país. Asimismo, los cárteles mexicanos
se aprovechan de los controles desiguales en México sobre los precursores
químicos para producir drogas letales, como fentanilo, dentro de México e
ingresarlas en Estados Unidos por contrabando. Las confiscaciones de drogas
en México siguen siendo demasiado bajas considerando estas graves amenazas.
Estos cárteles suponen una clara amenaza para México y la capacidad del
gobierno mexicano de ejercer un control efectivo en partes del país.
México debe demostrar de
manera inequívoca su compromiso de desmantelar los cárteles y las
actividades delictivas de estos, y tomar medidas más enérgicas para
proteger la vida de los ciudadanos mexicanos y estadounidenses amenazados
por estos grupos. México debe seguir extraditando a actores delictivos
claves, realizar investigaciones exhaustivas y confiscaciones de drogas y
de activos, e implementar un programa sólido, y basado en datos, para la
erradicación de la adormidera que esté asociado con el desarrollo
alternativo sostenible. El gobierno mexicano debe reconocer la tendencia
alarmante en la producción de fentanilo en su territorio. Es importante que
dé prioridad a las medidas de aplicación de la ley contra la producción y
el tráfico de fentanilo —la principal sustancia asociada con las muertes
por sobredosis en Estados Unidos— por parte de los cárteles y que
fortalezca los esfuerzos para contrarrestar los precursores químicos del
fentanilo que se trafican mayoritariamente desde China, así como el
contrabando y la producción de fentanilo. También deben tomarse más medidas
para combatir la producción creciente de metanfetaminas por los cárteles.
Estados Unidos sigue
estando dispuesto a profundizar su alianza con México y abordar estos
desafíos comunes, y asimismo, considera positiva la oportunidad de
desarrollar con México objetivos conjuntos en materia de control de drogas
e investigaciones bilaterales basadas en un intercambio transparente y
abierto de información y evidencias que posibiliten procesamientos
exitosos.
Numerosos profesionales
de las fuerzas militares y de aplicación de la ley de México, en
colaboración con sus homólogos estadounidenses, hacen frente con valentía a
las organizaciones delictivas transnacionales que amenazan a nuestros dos
países. A menos que el gobierno mexicano demuestre avances considerables en
el próximo año respaldados por datos verificables, México estará ante un
riesgo considerable de que se determine que ha incumplido de manera
demostrable sus compromisos internacionales sobre control de drogas.
Conforme al artículo
706(2)(A) de la FRAA, designo por este medio a Bolivia y al régimen
ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela por haber incumplido de manera
demostrable durante los 12 meses anteriores las obligaciones que asumieron
en virtud de acuerdos internacionales contra el narcotráfico y no haber
adoptado las medidas que exige el artículo 489(a)(1) de la FAA. Se incluyen
en esta determinación las exposiciones de motivos para las designaciones de
Bolivia y del régimen de Maduro, conforme lo exige el artículo 706(2)(B) de
la FRAA.
Asimismo, de conformidad
con las disposiciones del artículo 706(3)(A) de la FRAA, he determinado que
los programas de Estados Unidos que apoyan al gobierno interino legítimo de
Venezuela y al gobierno boliviano son vitales para los intereses nacionales
de Estados Unidos.
Se lo autoriza y se lo
instruye por este medio a presentar esta designación, con el
correspondiente memorando de justificación sobre Bolivia y Venezuela, a
tenor del artículo 706 de la FRAA, ante el Congreso y a proceder a su
publicación en el Boletín Federal.
DONALD J. TRUMP
|
إرسال تعليق